Derecho a la divulgación: ¿Es realmente un derecho que sobrevive a su autor?

El artículo 14. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual española (“LPI”) garantiza un derecho que, parece, no mucha gente tiene intención de respetar. Y no se respeta, en mi opinión, por una especie de “voyeurismo intelectual”.  

Y me explico: el citado derecho no es otro que el derecho de todo autor a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Todos tenemos nuestros motivos para escribir, para no escribir y, sobre todo, para compartirlo o no. Esto es una evidencia más propia de una charla adolescente grandilocuente que de un blog que se supone jurídico.

Pero es que la infantilización, quizás, forme parte del tema que vamos a tratar: la publicación póstuma de una novela inacabada de Gabriel García Márquez, titulada definitiva y/o provisionalmente (no podríamos saberlo) En agosto nos vemos. Comentan sus herederos, legítimos derechohabientes de los derechos de propiedad intelectual del autor colombiano (art. 15.1 LPI), que sospechaban que “al igual que perdió la capacidad para escribir, nuestro padre también la perdió para leer y juzgarlo”. Nos tendremos que mover pues, irremediablemente, en el terreno de la incertidumbre y de lo que pudo ser y no fue. Desde luego yo no tengo la menor idea del estado de salud de Gabo al desechar su obra ni es mi intención poner en duda la postura de sus hijos.

La cuestión que parece indubitada, en palabras de sus herederos, es que se publicó la novela en contra de la voluntad del autor.

¿Contra la voluntad del autor y contra la ley?

En principio no, el artículo 40 de la LPI establece que si la no divulgación de la obra se ejerciese en condiciones que vulneren el artículo 44 de la Constitución Española (“CE”) -derecho de acceso a la cultura-, el juez podrá tomar las medidas adecuadas a petición de cualquiera que tenga un interés legítimo. Parece claro que no publicar una obra de Gabriel García Márquez, en el estado de salud que estuviese, sería considerado por cualquier juez como contrario al artículo 44 CE.

¿Un lector ávido de intimidades y ferviente admirador tiene interés legítimo? ¿Un “voyeur intelectual” tiene interés legítimo?

Me pregunto si podríamos exigirle al juez la publicación de la correspondencia entre Arthur Miller y Marilyn Monroe o entre Pamela Anderson y Tommy Lee (una vez fallezcan estos últimos, por supuesto). Más adelante veremos que esto puede aplicar también a la correspondencia personal de autores.

Es interesante citar que, por ejemplo, en las legislaciones chilenas y costarricenses tratan este derecho en su vertiente negativa, el derecho a mantener la obra inédita. Curiosamente, ambas legislaciones de propiedad intelectual regulan, como nuestra LPI, estos derechos en su artículo 14. En este caso el autor lo tenía “aparentemente claro” y pidió la destrucción de su obra, cuestión que sólo él podía decidir, respetando otro derecho moral, el de integridad de la obra en este caso (art. 14.3 LPI). Por lo tanto, tampoco quería ejercer su derecho al inédito.

Expresa Fernando Aramburu en su columna en El País, que no quería “prestarme a inferirle un desgarrón a la altísima estima que profeso por el escritor colombiano.”. Dudo mucho que nada puede afectar a la reputación del premio Nobel, y menos en las circunstancias en las que escribió la novela, pero desde luego es un argumento tan válido como cualquier otro.

Y a mí se me plantea una cuestión: leer o no leer esta novela no creo que le cambie la vida a nadie. El que quiera dar un vuelco a su vida que se lea Cien años de soledad. Ahora bien, este debate adopta muchísima más trascendencia si pensamos en el caso de Franz Kafka (o Emily Dickinson).

Para el autor de El Proceso, sólo “contaban” cuatro o cinco de sus trabajos, que no le importaba que quien quisiese lo siguiese leyendo, aunque realmente preferiría que todo fuese borrado de la faz de la tierra. El resto, todo, la gran mayoría de su obra, debía ser destruido por su amigo Max Brod, en especial sus correspondencias amorosas (en palabras del escritor). Por supuesto, su amigo hizo caso omiso a las peticiones de Kafka y, en este caso, se excusó alegando que Kafka sabía perfectamente que nunca obedecería a sus últimos deseos y lo quemaría todo después de leer. Por supuesto, también podría haber utilizado la frágil salud del escritor checo como argumento para publicar todo lo que pasó por sus manos ya que, a lo mejor, tampoco tenía capacidad de tomar esa decisión.

En el caso de Kafka, nadie cuestiona la decisión de su amigo, incluso publicando correspondencia privada (incluso publicando la carta en la que le pedía destruir su trabajo y sus epístolas… vaya ironía). Los derechos del colectivo, el derecho de acceso a la cultura aplasta al pobre, escuálido y frágil derecho de divulgación, una vez fallecido el autor, claro está. Buen paralelismo el de este derecho con el bueno de Franz.

Curiosamente, los únicos que respetaron la voluntad del autor checo, los únicos garantes de sus derechos morales, fue la Gestapo, quien en 1933 se apropió de parte de sus cuadernos y, previsiblemente, los destruyó. Desconocemos si eran conscientes de que fueron los únicos en respetar sus últimas voluntades con respecto a su obra, pero, si tuviese que apostar, me inclinaría a pensar que no lo eran.

Parece pues, a todas luces, que el artículo 14.1 LPI carece de aplicación práctica una vez fallece el autor. Esto es chocante porque, curiosamente, es uno de los tres únicos derechos morales que sobreviven al autor de una obra (junto al de paternidad e integridad). Incluso me atrevería a decir que la morbosa curiosidad de la gente parece aumentar el interés por este tipo de obras y servir de plan de marketing perfecto para su explotación. Bueno… excepto para unos pocos, como Aramburu, que, como homenaje a García Márquez, no caerá en la tentación de leerla, de momento.

Sobra decir que este tema se ha tratado desde la perspectiva de la normativa española, que no tiene por qué ser la de aplicación a los casos expuestos.

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